Ausencia Estatal para Úrsula Bahillo

por Laura Belardinelli, Marisa Piumatti y Erica Baum

Hablamos del feminicidio cometido contra Úrsula Bahillo y hablamos de un Estado Ausente. Úrsula hizo cinco denuncias ante la comisaría de Rojas. Denunció que sufrió violencia por parte de quien fuera su pareja, Matías Ezequiel Martínez. Exactamente, siete meses duro esa relación: que fue un calvario. Tuvo la valentía de salir de esa relación y de denunciar ante la policía y el Juzgado de Paz: otorgándosele, como medida cautelar, una restricción perimetral; restricción que su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, trasgredió sistemáticamente cada vez que ella lo denunciaba.

Pero, en un pueblo donde “nunca pasa nada”, no sólo le dijeron a Úrsula que no se tomaban denuncias los fines de semana, sino que le impusieron cargas procesales inexistentes (como que debía llevar dos testigos de que el ahora asesino Martínez había roto la perimetral) y le negaron el botón anti pánico aduciendo que no lo tenían.

Es necesario rescatar que la policía es el primer eslabón para acceder a la justicia penal. Esa denuncia que Úrsula formuló por primera vez, se le asignó a un fiscal, es ese fiscal quien dirige la investigación y quien pide al juez las medidas que crea necesarias, por ejemplo la detención del violento. No le alcanzó al fiscal que Martínez tenga la sumatoria de dieciocho denuncias y un pedido de detención por parte de otro fiscal. Tampoco dispuso medidas de pruebas. Fue Úrsula quien investigó, recolectó antecedentes sobre actos de violencia sufridos por otras parejas de Martínez y, de esa forma, elaboró la víctima el perfil de su asesino.

El Juzgado de Paz, que había emitido una orden de restricción perimetral por treinta días, justo el 8 de febrero de 2021, el día en que el cuerpo de Úrsula apareció sin vida en el paraje Guido Spano, la extendió por seis meses más y ordenó al Ministerio de Seguridad que le entregase un botón antipático.

Ahora bien, la falta de aplicación de una perspectiva de género por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la fiscalía actuante, junto con accionar de Martínez, inciden en la responsabilidad estatal por omisión respecto de la muerte de Úrsula. A ella la mato Martínez, pero también la falta de formación en sobre los derechos humanos de las mujeres de todas las autoridades intervinientes.

El rol de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

El Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez se encuentra imputado por el "Femicidio con alevosía y premeditación" -así lo calificó el Fiscal Sergio Terrón- de Úrsula Bahillo.

Mucha es la indignación estatal (paradoja) y de gran parte de la ciudadanía. Surgen muchas dudas, preguntas, cuestionamientos y deslinde de responsabilidades estatales (siempre tarde, inoportunas, desacertadas).

La Policía de la Provincia de Buenos Aires está en el centro del debate por tres cuestiones centrales, la primera:  por el recorrido de Úrsula y sus varias denuncias; resulta que pareciera que existe omisión estatal al momento de asistir en ese primer contacto con el Estado a una mujer que denuncia ser víctima de violencia, el segundo:  el femicida,  es un integrante de la misma “fuerza policial” a la que recurrió  para canalizar su denuncia de violencia, y tercero: la brutalidad desplegada por la fuerza policial en la represión llevada a cabo por la ciudadanía que pedía se rinda cuentas de lo que pasó, esto casi le cuesta un ojo a la amiga de Úrsula.

La “Fuerza Policial” es una institución estatal que agoniza estructuralmente hace años, los parches de todo tipo que la política intenta poner para calmar el eterno reclamo se seguridad por parte de la sociedad demuestran que lo que no mata fortalece.

Tantas declaraciones de “emergencia en seguridad” consecutivas lo único que logran es saltar los mecanismos de control del estado normales y habituales. También resultan  en una publicación en los medios de comunicación dando cuenta que “algo” se hace.

Este caso vuelve a confirmar que la fuerza civil armada más numerosa de Latinoamérica es un gigante invencible, con múltiples manos que todo lo invade y corroe. Las soluciones “políticas” parecen echar leña al fuego.

Para que una política de estado sea sustentable en el tiempo necesita del dialogo superador de todas las fuerzas políticas, que logren consensos básicos respecto de cómo es necesario que ejerzan su función. Y esperar diez años mínimos para poder apreciar cambios.

Estos cambios de mirada sobre el tema de “mano dura” a “mano blanda” no ayudan, y ya demostraron su fracaso.

La violencia policial se despliega tanto para el afuera de la institución como para la faz interna, el sentido verticalista, la complejidad de resoluciones y directivas para el personal, es un caldo de cultivo nada beneficioso.

Úrsula murió y otra vez el Estado impotente, costos, burocrático e ineficiente no tiene explicaciones para dar a una sociedad que mira con los peores sentimientos esta decadencia sin fin.

Nuestro pedido de Información Pública

Desde Mujeres en la Abogacía lamentamos que el estado provincial no esté a la altura de cubrir en tiempo real las necesidades de las mujeres oprimidas, explotadas y vulneradas en sus derechos fundamentales. El triste femicidio ocurrido en la localidad de Rojas contra Úrsula Bahillo, repugna a las mujeres que ejercemos la abogacía con foco en el respeto por los Derechos Humanos.

En fecha 17 de Abril de 2020, peticionamos al Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, para que nos informe sobre las políticas públicas implementadas y recursos invertidos para mitigar la opresión tributaria del paradigma patriarcal y combatir la violencia contra las mujeres, específicamente en materia de femicidios ocurridos en todo el territorio provincial en el contexto de la pandemia originada por el Covid-19. Al respecto, recibimos como respuesta el acceso al Segundo Informe para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia indicándonos que: “a partir de la página 170 podrán encontrar las especificas del Ministerio”. Debemos mencionar que si bien la respuesta fue emitida desde un correo institucional carece de firma de funcionario o funcionaria responsable. Asimismo, aunque de fojas 170 a 185 hay un relevamiento -a esa fecha- de casos de violencia contra la mujer y de programas, campañas e intención de acordar con los municipios para mancomunar esfuerzos, no hay en absoluto un dato concreto relativo a las partidas presupuestarias reservadas para ejecutar políticas públicas conforme lo requerido por este colectivo, afectando el derecho de acceso a la información pública de todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires.

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Mujeres en la Abogacía es un colectivo de abogadas del Departamento Judicial La Plata cuyo objetivo consiste en visibilizar y abordar jurídicamente las situaciones de inequidad y desigualdad que padecemos las mujeres en distintos ámbitos públicos y privados y, en particular, en el ejercicio de la abogacía. Velamos por la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. mujeresenlaabogacia@gmail.com

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